La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) reveló que el Estado se queda con el 64,3% de la renta agrícola, lo que representa un aumento de 2,8 puntos respecto a la medición anterior. Este crecimiento es atribuido a la caída de los precios de los granos y la pérdida del efecto del dólar exportador. De cada $100 generados por la producción agrícola, $64,30 son absorbidos por impuestos y costos estatales, afectando gravemente la rentabilidad de los productores.

El análisis de FADA detalla que el 67,5% de los impuestos son derechos de exportación (DEX) que no se coparticipan entre las provincias, mientras que solo el 4,7% son provinciales y el 0,6% municipales. La economista jefe de FADA, Nicolle Pisani Claro, señala que la eliminación de los DEX reduciría la participación estatal al 36%, lo que generaría más inversión, empleo y crecimiento económico en diversas regiones del país.

El índice nacional del 64,3% varía según el tipo de cultivo. En la soja, la participación del Estado asciende al 68,5%, en el maíz al 56,6%, en el trigo al 69,5%, y en el girasol al 59,1%. Estas cifras reflejan las diferencias en los costos y rentabilidades de cada cultivo, afectando de manera desigual a los productores según el tipo de grano que cultivan.

Uno de los factores clave en el costo de producción es el transporte, en particular el flete. Según FADA, el flete representa entre el 19% y el 28% de los costos de producción dependiendo de la provincia, siendo Córdoba una de las más afectadas, con un 28%. Este peso es aún mayor en provincias más alejadas de los puertos, como San Luis y La Pampa, donde dos de cada diez camiones de maíz que se producen se van en fletes.

Natalia Ariño, economista de FADA, explica que en provincias como Buenos Aires y Entre Ríos, el flete representa un menor porcentaje, con 1,5 de cada diez camiones destinados al transporte. En Santa Fe, solo uno de cada diez camiones se destina al costo de flete, dado que gran parte de su producción está más cerca de los puertos.

La caída en los precios de los granos, que comenzó en los primeros meses de 2024, también ha impactado en la participación estatal. Los precios actuales están por debajo del promedio de los últimos cinco años, especialmente en el caso del trigo, que ha registrado una caída del 15,6%. La soja ha caído un 10% en los últimos 12 meses, y el trigo un 9,3%. En este contexto de precios bajos y producción en recuperación tras la sequía, el valor bruto de la producción se reduce, lo que genera una mayor presión por parte del Estado sobre la renta agrícola.

El aumento de los costos, combinado con la caída en los precios, ha exacerbado la situación para los productores, quienes ven cómo su rentabilidad se reduce drásticamente. A pesar de los avances en la producción, la falta de incentivos fiscales adecuados y la alta carga impositiva hacen que sea difícil que los productores se beneficien de los buenos rendimientos agrícolas.

El 64,3% de participación estatal se distribuye entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales, como los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios, representan el mayor porcentaje, mientras que los provinciales y municipales tienen un impacto menor.

El índice de participación varía según la provincia. Córdoba tiene un índice del 64,1%, Buenos Aires del 61,4% y Santa Fe del 60,5%. En Entre Ríos, la participación del Estado es del 65%, mientras que en San Luis es del 59,1%. Estas diferencias no siempre reflejan mayores impuestos en las provincias con índices más altos, sino que dependen de factores como la rentabilidad y los costos de producción en cada región.

A pesar de la alta carga impositiva, Pisani Claro sostiene que la eliminación de los DEX tendría efectos positivos para el país en su conjunto. No solo permitiría que los productores retengan una mayor porción de su renta, sino que también estimularía la inversión en tecnología, empleo y exportaciones. Este cambio tendría un impacto directo en las economías regionales y ayudaría a fortalecer el crecimiento económico nacional.

El Índice FADA de 64,3% refleja cómo la participación estatal en la renta agrícola sigue siendo una carga significativa para los productores. Los derechos de exportación y los altos costos del flete son factores clave que afectan la competitividad del sector. Reducir la carga fiscal, especialmente los DEX, podría generar un efecto positivo en toda la cadena agroindustrial, promoviendo la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico en Argentina.