El Gobierno nacional informó que, tal como se comprometió el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, se dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia para realizar una profunda modificación del Régimen Migratorio.

En primer lugar, se estableció que, a partir de ahora, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país, y que aquellos que cometan un delito en nuestro territorio, cualquiera sea su pena, serán deportados. Por otra parte, se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y además se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina.

Entre otras medidas, se autoriza a las Universidades Nacionales a que, de optar por hacerlo, establezcan aranceles para los servicios educativos universitarios dirigidos a residentes temporarios. Sin embargo, cabe aclarar que se mantiene el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria para todos los residentes, quienes podrán seguir accediendo de la misma manera que los ciudadanos argentinos,

En cuanto a la obtención de la Carta de Ciudadanía, se endurecen los requisitos y a partir de ahora se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante dos años, o de haber realizado una inversión relevante para Argentina. Por su parte, en el caso de la residencia permanente, se requerirá acreditar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales.

Al respecto, el Vocero Presidencial Manuel Adorni mencionó que en los últimos 20 años ingresaron 1 millón de inmigrantes irregulares, el equivalente a la población del partido bonaerense de La Matanza o la provincia de Tucumán, y cuestionó a los “inmigrantes que vienen a usar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países y que no contribuyeron con sus impuestos a financiar”. “Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes”, expresó.

Adorni aseguró que “de ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar será rechazado en las fronteras por las autoridades migratorias, y quienes sean encontrados en flagrancia, ingresando por pasos no habilitados, serán inmediatamente expulsados”. Además, “todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado, y se van a acortar los plazos para los procesos de expulsión que hoy resultan eternos. El que las hace, las paga”, agregó.

El funcionario señaló que “hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen a trabajar y a forjar su futuro en las buenas de la ley”, por lo que “no es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley”. “Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero, dentro del marco de la ley”, añadió.