El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto votó de manera unánime la adhesión y el acompañamiento institucional al proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria que se presentó en el Congreso de la Nación. 

Cabe recordar que la iniciativa de la Ley fue realizada con el aporte de autoridades de universidades públicas de todo el país, del Consejo Interuniversitario Nacional-CIN y los aportes de las distintas entidades gremiales que representan a los distintos claustros. El proyecto propone asegurar el financiamiento integral y sostenible del sistema universitario público argentino y surge como respuesta a la crítica situación económica que atraviesan las universidades nacionales. También busca establecer mecanismos permanentes de inversión para garantizar el derecho a una educación superior gratuita, inclusiva y de calidad en todo el país.
 
Los puntos centrales

La propuesta establece como finalidad principal “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales” y detalla una serie de ejes estratégicos para la aplicación de los fondos.
 
Uno de los puntos clave del proyecto es la creación de una fórmula automática de financiamiento. El artículo 6 estipula que el Estado nacional deberá transferir, de manera mensual, un porcentaje específico de los ingresos coparticipables al programa de desarrollo de la educación superior.

Esta “Proporción Universitaria” se calculará tomando como base el último presupuesto aprobado por el Congreso. Según los cálculos presentados, dicha proporción sería del 10,05 % sobre los recursos provenientes del artículo 3°, inciso a) de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
 
Asimismo, el artículo 7 crea un fondo especial anual de $10.000 millones, ajustable por inflación, para fomentar la creación y fortalecimiento de carreras consideradas clave para el desarrollo del país. Se hace especial hincapié en las relacionadas con inteligencia artificial y otras áreas de vacancia. Este fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias-SPU en acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
 
Además, el proyecto requiere que el Poder Ejecutivo amplíe anualmente tanto el monto como la cantidad de becas universitarias. Este financiamiento, al igual que el del fondo estratégico, se cubrirá con los ingresos corrientes que superen los montos presupuestados. Se propone también el fortalecimiento de las Becas Progresar y Manuel Belgrano, con revisión de criterios de admisibilidad para garantizar una mayor equidad.
 
En tanto, el artículo 10 establece una meta clara: aumentar gradualmente el presupuesto destinado a la educación universitaria hasta alcanzar el 1,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) en 2031. Para ello, se plantea un crecimiento anual del gasto que comenzará en 2026 con el 1 % del PBI, subiendo 0,1 puntos porcentuales cada año.