El Gobierno Nacional enfrenta una nueva polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA, vinculada a Javier Milei, quien la promocionó durante unas horas hasta que eliminó la publicación de su red. El Presidente, en su cuenta oficial de Twitter, publicó un mensaje en apoyo a la moneda virtual, lo que generó una ola de críticas, principalmente desde la oposición.

Desde el Ejecutivo, los principales funcionarios salieron a defender al mandatario. Tanto Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, como Santiago Caputo, asesor presidencial, intentaron desviar el foco de las acusaciones, argumentando que no existe ninguna implicancia legal. Caputo fue claro: "Un tuit no es un delito". Sin embargo, el silencio en la Oficina de Prensa de Presidencia, dirigida por Manuel Adorni, generó mayor incertidumbre sobre el alcance del escándalo.

En redes sociales, el mensaje del Presidente, que promocionaba la criptomoneda, fue borrado después de cinco horas, lo que no impidió que el término "estafa" se viralizara rápidamente. La oposición no perdió tiempo y lanzó duras críticas, en especial desde el kirchnerismo. Cristina Kirchner y Axel Kicillof fueron los primeros en acusar al jefe de Estado de estar implicado en una maniobra fraudulenta.

La situación se agravó cuando surgieron nombres relacionados con $LIBRA que habían sido recibidos por Milei antes de su asunción. Uno de ellos es Julian Peh, empresario de Singapur y figura clave de la criptomoneda, que se reunió con Milei y Adorni en octubre de 2024. También estuvo presente Mauricio Novelli, argentino y cofundador de Tech Forum, otro de los socios de la iniciativa.

Los encuentros con estos empresarios figuran en los registros oficiales de la Casa Rosada, y la oposición sostiene que Milei violó la ley de ética pública, que prohíbe a los funcionarios involucrarse en negocios privados vinculados a sus funciones. Además, apuntaron a posibles violaciones del Código Penal, como el artículo 265, que sanciona a aquellos que utilizan sus cargos públicos para obtener beneficios personales.

Mientras tanto, las tensiones en el Gobierno se profundizan. Si bien el Presidente intentó minimizar su conocimiento sobre la actividad de $LIBRA, las conexiones con los empresarios cripto y las reuniones oficiales han dejado más preguntas que respuestas. A esto se suma la ofensiva de la oposición, que no solo exige explicaciones, sino que también anunció que impulsará un juicio político.

El escenario político se vuelve cada vez más incierto. Algunos analistas sostienen que el juicio político tiene pocas chances de prosperar, ya que el oficialismo aún cuenta con apoyo en el Congreso. Sin embargo, el desgaste que está generando este escándalo amenaza con complicar aún más la gestión del Presidente, que ya enfrenta serios problemas de gobernabilidad en un contexto de crisis económica y social.

La relación entre el Presidente y los dueños de $LIBRA sigue siendo un misterio. Aunque desde el Ejecutivo insisten en que no hay delito, el vínculo con los empresarios señalados no ha sido explicado satisfactoriamente. Esto ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, donde las dudas sobre la transparencia del Gobierno crecen día a día.

En Río Cuarto ya había existido una estafa similar

En Río Cuarto, el eco del escándalo de las criptomonedas también se sintió. Hace poco más de un mes, Matías Centurión, jefe de prensa de Estudiantes de Río Cuarto, fue acusado de estafa millonaria tras desaparecer con una suma cercana a los 500 mil dólares. El joven de 22 años, quien manejaba una empresa cripto que sponsoreaba al club, dejó un vacío difícil de llenar. Las autoridades locales realizaron intensas búsquedas, pero hasta el momento no lograron dar con su paradero.

El impacto de este caso afectó no solo al club, sino también a la comunidad local, que sigue buscando respuestas sobre lo ocurrido. El caso de Centurión sumó más tensión a un contexto institucional complicado para Estudiantes de Río Cuarto, que ya atravesaba otros problemas legales.