En una sesión que quedará en la historia, el Senado de la Nación Argentina asestó un duro revés al Poder Ejecutivo al rechazar, con una abrumadora mayoría de 63 votos a favor y solo 7 en contra, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

De esta manera, la Cámara Alta dejó sin efecto la decisión del presidente Javier Milei y reactivó la normativa que declara la emergencia en el sector hasta diciembre de 2026. La decisión, que se dio tras una votación similar en Diputados, representa el primer veto presidencial revertido por el Congreso en 22 años y una clara victoria para los familiares, organizaciones y trabajadores de personas con discapacidad.

La ley, que había sido aprobada por el Congreso con amplio consenso, busca atender la crítica situación de las personas con discapacidad, garantizando derechos fundamentales como la salud, la educación y la protección social. Entre las medidas más importantes, la normativa prevé la regularización de pagos a prestadores de servicios y la actualización de aranceles.

El veto presidencial, publicado en el Boletín Oficial, se había justificado en la supuesta inviabilidad fiscal de la ley, argumentando que no se detallaban las fuentes de financiamiento. El Ejecutivo había sostenido que la ley violaba la restricción financiera y que el aumento de gastos debería ser compensado con un incremento de impuestos o la reducción de otros gastos.

Sin embargo, el rechazo del veto por parte del Congreso evidencia la presión y el reclamo de los sectores afectados, que en las últimas semanas se manifestaron en las calles y en las redes sociales para visibilizar el impacto de los recortes. Familias y prestadores denunciaron públicamente la pérdida de tratamientos, apoyos escolares y pensiones, lo que generó un fuerte respaldo social a la ley.

Ante la derrota legislativa, el Gobierno ya anticipó que judicializará la ley para evitar su aplicación. El presidente Milei había afirmado que, en caso de que el veto fuera rechazado, presentaría un planteo ante la Justicia para que la normativa “no tenga efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”.