El Gobierno de Córdoba presentó un proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos que busca dotar al Estado de nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados por organizaciones delictivas o que, debido a su estado de abandono, favorezcan hechos de inseguridad. La iniciativa fue firmada por el gobernador Martín Llaryora y será enviada a la Legislatura para su tratamiento.

La propuesta establece un régimen administrativo y judicial destinado a actuar sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios abandonados, desocupados o deteriorados que faciliten la comisión de delitos o representen un peligro para la comunidad.

El proyecto contempla un procedimiento de intervención temprana que incluye actas de constatación, informes técnicos y resoluciones fundadas para determinar las medidas a adoptar en cada caso. Entre las acciones previstas se encuentran el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia y aseguramiento de los inmuebles, respetando el debido proceso y las competencias de la Justicia.

En aquellos casos vinculados al narcotráfico o de mayor complejidad, será la Justicia la encargada de disponer medidas más amplias, como desalojos, la demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la restitución de los inmuebles a sus propietarios legítimos.

Otro de los ejes del proyecto apunta al destino de los bienes decomisados en causas relacionadas con el narcotráfico. La iniciativa propone que los recursos obtenidos sean reinvertidos en la lucha contra ese delito.

Según el texto presentado, el 60% de esos fondos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40% restante financiará programas y políticas públicas del Ministerio de Justicia y Trabajo orientadas a la prevención y el abordaje del narcotráfico.

Además, la propuesta crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos. Estos organismos tendrán la función de coordinar el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los municipios y comunas.

El proyecto también invita a los gobiernos locales a adherir al nuevo régimen mediante convenios de cooperación que permitan ejecutar las intervenciones en cada territorio y fortalecer las acciones conjuntas para recuperar espacios utilizados por organizaciones delictivas.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca consolidar un mecanismo que permita recuperar inmuebles vinculados al delito, reforzar la presencia del Estado en los barrios y destinar los recursos obtenidos en las investigaciones a fortalecer las políticas de seguridad y prevención del narcotráfico.