El Gobierno de Córdoba presentó los principales lineamientos del Presupuesto Provincial 2027, con una propuesta que combina reducciones impositivas, incentivos para la actividad económica y una política de control del gasto público. Según las estimaciones oficiales, la continuidad de los beneficios tributarios vigentes y las nuevas medidas permitirían que $1,5 billones permanezcan en manos de los contribuyentes cordobeses.
La iniciativa impulsada por el gobernador Martín Llaryora busca disminuir los costos de las familias y las empresas, estimular el consumo y favorecer las inversiones privadas en un escenario de dificultades para el comercio, la industria y el empleo.
Uno de los cambios de mayor alcance será la reducción del Impuesto Inmobiliario Urbano. El proyecto establece una disminución del 30% para el 97% de las propiedades de la provincia, mientras que el 3% restante accederá a una rebaja del 5%.
También se mantendrán los beneficios destinados a contribuyentes cumplidores, con un descuento del 30%, y una bonificación adicional del 15% para quienes opten por el pago anual en cuota única, según las condiciones correspondientes.
En materia de Ingresos Brutos, la alícuota general pasaría del 4,75% al 3,50%, lo que representa una reducción de 1,25 puntos porcentuales. Además, otros 40.000 contribuyentes podrían incorporarse al régimen de alícuota reducida, elevando de 70.000 a 110.000 el universo de beneficiarios.
El Ejecutivo provincial también promoverá una nueva Ley de Promoción del Comercio, orientada a vincular beneficios tributarios con inversiones y generación de empleo. La propuesta extenderá al sector comercial mecanismos de incentivo que ya se aplican en otras actividades productivas.
Para el campo y la industria continuarán las exenciones y los regímenes especiales vigentes, incluida la alícuota del 0% de Ingresos Brutos para las actividades comprendidas en esos beneficios.
Otra disposición contempla una reducción del 50% del Impuesto Automotor para determinados vehículos vinculados al transporte público de pasajeros, taxis, servicios mediante plataformas digitales y situaciones contempladas para personas con discapacidad y pacientes crónicos.
El esquema tributario estará acompañado por una distribución del gasto que priorizará la educación, la salud, la seguridad y los programas sociales. La inversión social proyectada alcanza los $6,27 billones, equivalentes al 34% del gasto provincial previsto para 2027.
De ese conjunto de recursos, el 60% estará destinado a educación, el 27% a salud y el 12% a promoción social, de acuerdo con la distribución presentada por el Gobierno.
En infraestructura, la Provincia prevé garantizar los fondos necesarios para concluir las obras públicas que ya están en ejecución. Sin embargo, establecerá mayores restricciones para iniciar nuevos proyectos, que deberán responder a prioridades estratégicas y a la disponibilidad presupuestaria.
Como parte de la política de contención del gasto, también se proyecta una reducción del 40% en publicidad oficial.
El anuncio se produce en un contexto que el Gobierno provincial describe como complejo. Según los datos difundidos por la administración cordobesa, cerraron más de 3.000 establecimientos comerciales, se perdieron más de 35.000 puestos de trabajo y la recaudación provincial acumula más de diez meses consecutivos de caída.
Durante 2026, las medidas tributarias habían representado un alivio fiscal estimado en $900.000 millones. Para el próximo ejercicio, las nuevas disposiciones significarían otros $222.698 millones de beneficios, mientras que el impacto conjunto de las medidas vigentes y proyectadas alcanzaría los $1,5 billones.
El proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo antes de su aprobación definitiva. Su implementación dependerá de la sanción de las leyes presupuestarias e impositivas correspondientes.
La propuesta provincial plantea así una combinación de menor presión tributaria, continuidad de los servicios esenciales y restricciones sobre los gastos no prioritarios, con el objetivo de favorecer la actividad económica sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.