Después de seis meses de audiencias, la sentencia llegó. La enfermera Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua por los asesinatos de cinco recién nacidos y los intentos de homicidio de otros ocho bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. La decisión fue unánime: ocho jurados populares y dos jueces votaron en su contra. El veredicto se leyó en voz alta minutos después de las 20, y en la sala no hubo indiferencias.

Agüero fue la única acusada que llegó a juicio por los crímenes ocurridos entre marzo y junio de 2022. Los ataques —inexplicables en ese momento para los médicos— derivaron en una investigación que terminó revelando niveles mortales de potasio e insulina en los cuerpos de algunos bebés, y pinchazos en zonas inusuales. Los hechos tardaron en llegar a la Justicia: quien denunció fue el ingeniero Francisco Luperi, esposo de una médica del hospital, que decidió actuar luego de escuchar lo que ocurría puertas adentro.

La enfermera, que había sido asignada al sector de Obstetricia —sin contacto directo con los recién nacidos— estaba, sin embargo, presente en todos los episodios. Esa coincidencia despertó sospechas, que luego derivaron en una reconstrucción minuciosa de su vínculo exclusivo con las madres y sus hijos, muchas veces sin otros profesionales como testigos.

Durante el juicio se demostró que Agüero accedía con facilidad a carros de emergencia que no tenían control de stock. Desde ahí obtenía el potasio y la insulina que, según la acusación, aplicaba en forma errática y a escondidas. La motivación sería profesional: destacarse como la primera en advertir los síntomas y ascender al área de Neonatología.

En paralelo a su condena, también se juzgó a una decena de funcionarios, incluidos directivos del hospital y exautoridades sanitarias. Algunos fueron absueltos, entre ellos el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo. El tribunal consideró que hubo omisiones graves y conductas de encubrimiento por parte de las autoridades, pero no pudo probar su participación directa.

El fiscal Raúl Garzón apuntó especialmente a las licencias otorgadas de manera irregular a la acusada, lo que según su análisis buscaba apartarla sin enfrentar las consecuencias. También subrayó la tardanza institucional en comunicar lo que estaba ocurriendo. A pesar de las sospechas, no hubo notificaciones judiciales hasta después de la última muerte.

Los testimonios de médicos fueron fundamentales. Coincidieron en que nunca antes habían presenciado más de una descompensación grave de bebés por día, y mucho menos cuatro en simultáneo. Lo ocurrido el 6 de junio de 2022 fue el punto de quiebre: ese día hubo cuatro caídas críticas en cuestión de horas. El hospital entró en crisis y se otorgaron licencias masivas, incluida la de Agüero.

Las autopsias de las últimas víctimas, Angeline Rojas y Melody Luz Molina, fueron decisivas. Solo en sus casos se practicaron estudios completos, y permitieron relacionar científicamente los elementos tóxicos presentes con intervenciones externas. No eran descompensaciones naturales ni fallas en los partos: los niveles de sustancias encontradas eran incompatibles con la vida.

Tras conocerse la sentencia, familiares de las víctimas colocaron carteles en los tribunales con pedidos de justicia. Muchos estuvieron presentes desde temprano, siguiendo cada instante del juicio. Otros eligieron guardar silencio frente a las cámaras. El dolor fue compartido, la expresión, diversa.

Para la sociedad cordobesa, este caso dejó cicatrices profundas. En los pasillos del hospital aún resuenan los silencios, las preguntas sin responder, los cambios de rutina. No se trata solo de lo que hizo una persona, sino también de lo que dejaron de hacer las demás.

La jueza Patricia Soria rompió en llanto durante sus palabras finales. Agradeció a quienes participaron del proceso y recordó que, más allá del fallo, “el impacto es humano”. En efecto, este caso no tiene precedentes en Argentina: una trabajadora de salud condenada por matar a los bebés a los que debía cuidar.

La defensa de Agüero anticipó que apelará la decisión. Consideran que no hay pruebas suficientes para sostener la condena, y que el proceso tuvo fallas estructurales. Mientras tanto, la acusada permanecerá detenida en el establecimiento penitenciario de Bouwer, donde cumplía prisión preventiva.

Las investigaciones judiciales siguen activas. Existen líneas pendientes sobre posibles responsabilidades institucionales más amplias y el manejo de protocolos de seguridad dentro del hospital. La historia no terminó con este veredicto: apenas cambió de capítulo.