El Consejo Asesor de Discapacidad encabezó una jornada de trabajo junto a instituciones del sector en Río Cuarto, con la participación de autoridades municipales y provinciales. El encuentro se desarrolló en el Salón Blanco y reunió a más de 25 organizaciones con el objetivo de coordinar acciones y atender problemáticas vigentes.

Durante la reunión se abordaron, entre otros temas, las demoras en la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), una de las principales preocupaciones planteadas por las entidades. En ese marco, se presentaron programas provinciales y se detallaron medidas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

El intendente Guillermo De Rivas señaló que el espacio permitió canalizar reclamos y avanzar en soluciones conjuntas. “Los tiempos de entrega de los CUD estaban demorados, por lo que junto con el Gobierno provincial planteamos respuestas ante los reclamos. Generamos un espacio de escucha con las instituciones para comprender las necesidades y elaborar respuestas en conjunto”, expresó.

Por su parte, el secretario de Salud de la Provincia, Gustavo Klein, indicó que la presencia del Gobierno tuvo como eje principal atender la situación del sector. “Vinimos a escuchar los reclamos y a comunicar soluciones en un contexto crítico para el sistema, donde el sector atraviesa una situación sin precedentes”, afirmó.

En relación a las medidas implementadas, el subsecretario de Discapacidad, Gestión y Formación en Salud, Mariano Marino, detalló que se amplió la disponibilidad de turnos y se duplicó la capacidad de atención presencial de la Junta de Discapacidad. Además, informó que se habilitó una modalidad virtual para casos urgentes y que se sumará una Junta Itinerante que permitirá otorgar 120 turnos adicionales.

Desde las instituciones también se expusieron las dificultades que atraviesa el sector. Verónica Lisa, coordinadora del Centro Proyectar, advirtió sobre el impacto de la situación actual en la continuidad de los servicios. “Nunca enfrentamos una situación así. El atraso en los pagos y la interrupción de programas ponen en riesgo la continuidad del servicio, que hoy sostiene a 94 concurrentes y más de 30 profesionales”, señaló.

El encuentro dejó como resultado el compromiso de sostener el trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones, en un contexto que exige respuestas concretas para garantizar la atención y los derechos de las personas con discapacidad.